Un veredicto inconcluso en caso Bell

 

LOS ÁNGELES, California - Sin alcanzar un veredicto en la mitad de los cargos, el jurado en el caso de corrupción en Bell declaró culpables de ciertas acusaciones a cinco exfuncionarios de esa pequeña ciudad, que aún podrían enviarlos a prisión por un tiempo, y absolvió por completo al pastor Luis Artiga.

No está claro si hoy el panel, que ha deliberado desde hace cuatro semanas, deberá reanudar el debate por los cargos pendientes, relacionados con las oficinas de Propiedad Excedente y Vivienda Comunitaria. En éstos, el jurado se encuentra en un impase de 9-3.

El hecho es que el fallo alcanzado en el resto de los señalamientos parece contradecirse, dejando en el aire dudas sobre el desempeño del jurado, que avanzó con lentitud y tuvo conflictos internos.

Y es que el panel exoneró al exalcalde Óscar Hernández y los exconcejales George Cole, George Mirabal, Teresa Jacobo y Víctor Bello de los cargos por mal uso de fondos públicos relacionados con su pago por el servicio prestado en la Autoridad de Finanzas Públicas de 2006 a 2010.

Pero los encontró culpables por malversación de fondos al cobrar indebidamente como integrantes de la Autoridad de Desechos Sólidos y Reciclaje en ese período.

En suma, el grupo considera que el exorbitante aumento salarial que aprobaron los exfuncionarios estuvo justificado en una de las agencias municipales, en otra no y en dos más no está seguro.

El caso de corrupción de Bell estalló en 2010 tras relevarse que los ediles de ese municipio del sureste del Condado de Los Ángeles, de 2.6 millas cuadradas, devengaban un sueldo anual de casi 100,000 dólares por desempeñar un trabajo de tiempo parcial. Mientras que el administrador de la ciudad, Robert Rizzo, era compensado con alrededor de un millón de dólares, más del doble del salario del presidente Barack Obama.

De acuerdo a la fiscalía, los acusados robaron 1.3 millones de dólares de las arcas públicas de una de las localidades más pobres del condado, habitada mayormente por inmigrantes latinos. De 2006 a 2007, el tiempo total de las reuniones del Concejo de Bell fue de apenas 34 minutos, según la agencia. Una de sus agendas sólo tenía un asunto por discutir: subir el sueldo de los ediles y el alcalde.

Ayer, el jurado concluyó que el trabajo de los acusados estuvo justificado en por lo menos una de las autoridades locales y consideró que Luis Artiga, quien ingresó al Cabildo cuando los altos salarios ya se habían establecido, no era culpable en ninguno de los doce cargos que pesaban en su contra.

"Quiero agradecer al jurado desde el fondo de mi corazón. Que Dios los bendiga", dijo Artiga antes de abandonar el Tribunal del Condado de Los Ángeles, donde se lleva el caso desde el 24 de enero.

Artiga no precisó si estaría dispuesto a testificar contra Rizzo, cuyo juicio comenzará en unas semanas y a quien hasta ayer acusaba de ser la mente maestra de la corrupción en Bell.

"El señor Artiga desde el primer día dijo a todas las autoridades y los fiscales que él no sabía [del aumento salarial], que el señor Rizzo estaba detrás, que él le pidió que se integrara al Concejo a trabajar. Es todo lo que hizo", comentó George Mgdesyan, abogado de Artiga.

La defensa de los cinco ediles que aún enfrentan cargos no comentó sobre el veredicto parcial.

En la lectura del fallo hubo lágrimas, rostros desencajados y muecas de angustia entre los acusados.

Algunos residentes de Bell que acudieron al juzgado salieron un tanto desilusionados por el fallo.

"Todavía estamos esperando ver justicia", expresó Alfred Areyan. "Son culpables de mal uso de fondos públicos. Nadie está por encima de la ley".

- $800,000 era el salario anual de Robert Rizzo, administrador de la ciudad de Bell

- $100,000o más ganaban los exconcejales involucrados en este caso

- $5.5millones fueron malversados entre los cinco exfuncionarios

- 36,000 personas es la población de Bell, una ciudad donde 1 de cada 4 vive en condiciones de pobreza

 

A continuación la cronología del caso contra exfuncionarios de Bell

 

14 de julio de 2010. Una investigación periodística revela que funcionarios de Bell eran los mejor pagados del país.

24 de junio de 2010. La Fiscalía de Distrito indaga por qué concejales de Bell ganaban casi 100,000 dólares anuales por un trabajo de medio tiempo

5 de septiembre de 2010. Se revela que el decomiso de coches en Bell y el aumento a permisos de construcción, licencias para negocios y servicios públicos, inflaron las arcas del municipio para sostener los elevados sueldos de los funcionarios

21 de septiembre de 2010. Ocho funcionarios de Bell son arrestados bajo la acusación de malversación de fondos públicos. "Esto es corrupción con esteroides", dijo el fiscal de distrito Steve Cooley

22 de septiembre de 2010. Una auditoría estatal encontró que en Bell se desviaron más de 50 millones de dólares en bonos, la imposición ilegal de cobros y por elevados salarios

28 de septiembre de 2010. El alcalde Oscar Hernández sale de prisión luego de pagar una fianza de 250,000 dólares, siendo el quinto arrestado en ser liberado

6 de octubre de 2011. Una jueza aceptó que Robert Rizzo, exadministrador de Bell, pagara una fianza de 2 millones de dólares para abandonar la cárcel

28 de febrero de 2011. Se ventila que la Policía de Bell consideraba la extensión de multas, decomisos de coches y arrestos como un juego de beisbol.

8 de marzo de 2011. En una elección especial los votantes de Bell destituyen a los funcionarios acusados de corrupción

10 de marzo de 2011. A Rizzo y su asistente, Angela Spaccia, se les ordena enfrentar un juicio por malversación de fondos y préstamos irregulares de dinero de los contribuyentes

18 de marzo de 2011. Los acusados se declaran inocentes

28 de febrero de 2012. Un juez eliminó algunos cargos contra el exalcalde Oscar Hernández y el exconcejal Luis Artiga, pero negó la moción de retirar la acusación contra Rizzo y Spaccia.

24 de enero de 2013. Inicia el caso contra los seis exoficiales electos de Bell que se elevaron el sueldo.

22 de febrero de 2013. Empiezan las deliberaciones del jurado

28 de febrero de 2013. El jurado se declara en breve impase por conflictos internos. Un integrante del panel es expulsado por comentar el caso y buscar información legal en internet. Se nombra otro jurado.

20 de marzo de 2013. El jurado alcanza un veredicto en el día 19 de deliberaciones.