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One DREAM: Estudiantes indocumentados, desobediencia civil y la reforma migratoria

DREAMers y la reforma

DREAMers y la reforma

Esta es la lucha de jóvenes por una reforma y cómo, además, renovaron el liderazgo en sus comunidades y expusieron las inconsistencias del sistema actual.

Univision 34

I. DREAM Act 5 y Plyler vs. Doe

 

 

Dos años después del fracaso del DREAM Act en la sesión de 2010 del congreso, el presidente Barack Obama anunció la decisión de ejercer su discreción ejecutiva para detener las deportaciones de estudiantes inmigrantes que cumplen ciertos requisitos. Aunque no es una amnistía ni resuelve el estatus legal de los solicitantes, cientos de miles de personas celebraron por todo Estados Unidos y no era para poco: es la primera decisión migratoria de un presidente desde el Immigration Reform and Control Act de Ronald Reagan en 1986 y, 27 años después, un primer paso concreto hacia algún tipo de reforma migratoria.

El alivio administrativo remeció la política nacional y generó nuevamente debate acerca del tema migratorio — causando reacciones como la de Jane Brewer, gobernadora de Arizona, de prohibir las licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, o la demanda de agentes de ICE que argumentan que estarían yendo en contra de leyes federales si obedecen — pero no sorprendió a muchos considerando la cercanía de los comicios de noviembre de 2012. No obstante, más allá del factor electoral, el gobierno demócrata estaba respondiendo a la estrategia de desobediencia civil que varios jóvenes indocumentados activistas habían estado aplicando en varias de sus oficinas de campaña. 

Las tácticas de desobediencia civil no son nada nuevo, ni para el movimiento pro-DREAM Act ni para los Estados Unidos. Los ‘soñadores’ lo han hecho por años en oficinas de campaña, de senadores e incluso oficinas de ICE, poniendo en juego sus vidas como las conocen para demostrarnos la urgencia por soluciones efectivas en el campo migratorio. Si bien el camino hacia este pequeño paso de la Acción Diferida tiene muchas tangentes, la principal razón por la que se logró y por la que hoy la nación tiene nuevamente una discusión sobre inmigración es por los años de trabajo estoico de miles de estudiantes indocumentados que se organizaron para ejercer sus derechos y luchar contra la discriminación. 

Conozca a continuación un poco más sobre la historia de la lucha de estos estudiantes ‘soñadores’ americanos.

 

I

 

 

Para tener la fortuna de estar en el trabajo soñado, usualmente el camino empieza por esforzarse bastante en la secundaria y la universidad, ganar experiencia como practicante y luego graduarse.

Eso, frecuentemente nos reafirman, puede ser tortuoso e impredecible, pero muy beneficioso tanto para el colectivo como para el individuo.

Sin embargo, una cantidad considerable de estudiantes en los Estados Unidos está siendo forzada a caminar sin norte y a enfrentarse a las dificultades peculiares de un callejón sin salida en el que los sueños y el talento parecerían condenados a marchitarse.

Justamente motivados por esa situación, cuatro de esos estudiantes — quienes viven en un limbo muy particular por ser inmigrantes indocumentados — decidieron ingresar a la oficina del Senador John McCain en Tucson, Arizona el 17 de Mayo del 2010 para hacer una protesta pacífica. Su objetivo: ser arrestados adrede, lo que propiciaría un proceso de deportación.

Todo el episodio empezó ese lunes poco antes del mediodía. A Mohammad Abdullahi, Yahaira Carrillo, Lizbeth Mateo y Tania Unzueta se les unió Raúl Alcaraz, un ciudadano mexicano que trabaja de consejero en una escuela local y el único del grupo con estatus migratorio legal. Era el nacimiento del DREAM Act 5, como se les llegó a conocer en los medios de comunicación y entre sus simpatizantes.

El DREAM Act — oficialmente conocido como Development, Relief and Education for Alien Minors Act — es una propuesta de ley en el Congreso que permitiría a estudiantes indocumentados trabajar, estudiar y servir en las fuerzas armadas al proveer un camino a la residencia permanente condicional si cumplen ciertos requisitos. Se han presentado varias versiones de esta ley federal desde el 2001, pero todos han sido intentos fallidos.

Según reportaron varios medios, como The New York Times, estos activistas son los primeros indocumentados que declaran abiertamente su estatus migratorio y enfrentan un proceso de deportación como parte de una protesta para presionar al Congreso.

Aparte del objetivo de ser arrestados para llamar la atención y crear conciencia a nivel nacional sobre la necesidad de pasar el DREAM Act y una urgente reforma migratoria, ellos deseaban que los legisladores como McCain — quien por ese entonces se acercó más a posiciones de la extrema derecha en temas como la inmigración, “Don’t Ask, Don’t Tell” y la economía porque estaba teniendo dificultades en las elecciones primarias Republicanas del 2010 para vencer a J.D. Hayworth — se responsabilicen por jugar a la política con sus vidas.

Hacer la protesta precisamente esa fecha en la oficina de McCain en Tucson tenía además otros ingredientes especiales, no sólo porque él fue promotor y defensor elocuente del DREAM Act en el pasado y hoy es su opositor, sino también porque Arizona es la tierra del SB 1070 — una de las leyes anti-inmigrantes más tristemente infames de los últimos años — y el 17 de Mayo es el aniversario del caso Brown vs. Board of Education of Topeka, un caso histórico en el movimiento de derechos civiles donde la Corte Suprema declaró unánimemente que la segregación racial en las escuelas es inconstitucional.

VEA: 

El DREAM Act 5 se quedó en la oficina de McCain hasta las 6 p.m., una hora pasada la hora de cierre. Aunque se les ofreció una reunión en el futuro con el senador, ellos rechazaron la propuesta argumentando que no aceptarían nada menos que un compromiso oficial de apoyo al DREAM Act a esas alturas del debate.

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 “DREAM Act 5″ durante la acción de desobediencia civil
en la oficina del Senador McCain en Tucson, AZ.

Antes de ser arrestados, acordaron que uno de ellos, Tania Unzueta (26 años de edad en ese entonces) saldría de la oficina para ser portavoz del grupo. Los demás fueron arrestados bajo cargos de misdemeanor trespassing — a los que se declararon inocentes — y llevados a Pima County Jail. Como únicamente Alcaraz (27) tiene su documentación migratoria en regla, los otros tres activistas arrestados fueron procesados y detenidos por El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esa noche.

Tras dos días de detención, los activistas fueron liberados el miércoles con citas para comparecer en la corte un par de meses después. El DREAM Act consiguió 55 votos en Diciembre del 2010 (5 menos de los necesario para terminar la estrategia obstruccionista Republicana en el Senado) y, aunque la administración Demócrata actual ha señalado que deportar estudiantes indocumentados no es su prioridad, todavía hay DREAMers siendo detenidos y deportados.

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Carrillo (25 años en 2010) de Kansas City; Abdullahi (24) de Ann Arbor; y Mateo (25) de LA
en la Cárcel del Condado de Pima. Si bien fueron los primeros DREAMers en revelar
su estatus migratorio como parte de una protesta para presionar al gobierno,
muchos otros estudiantes por todo el país han tomado acciones similares.

¿Pero por qué un grupo de estudiantes brillantes decide tomar medidas tan extremas y radicales, arriesgando sus vidas como las conocen?

“Si bien estamos contentos de estar afuera (de la cárcel), recuerden que esta acción no fue y no es acerca de nosotros como individuos,” dijo Carrillo. “Hemos pasado los días de estar sentados sin hacer nada mientras que otros toman decisiones por nosotros, mientras que otros nos dicen que esperemos. No podemos esperar. Esperar no es más una opción.”

Grupos de estudiantes activistas de diversos puntos del país también han estado organizándose para aplicar estrategias similares: marchando para cabildear en Sacramento o Washington; bloqueando calles principales para crear conciencia sobre la necesidad del DREAM Act y una reforma migratoriahaciendo protestas en las oficinas de varios legisladores; organizando vigilias, eventos de recaudación de fondos, asambleas públicas; y además creando una presencia gigantesca en los social networking sites y usando tecnología actual para cabildear y movilizarse. Algunos otros, desafortunadamente, optaron por irse del país o incluso por terminar sus propias vidas, deprimidos por la aparente falta de esperanza.

Estos activistas provienen en su mayoría de estados con leyes especiales que permiten a los estudiantes indocumentados matricularse en instituciones de educación superior pagando in-state tuition. Vea a continuación este mapa interactivo de los estados que tienen una legislación que permite que los estudiantes indocumentados obtengan una educación superior pagando como residentes:

EXPLORE: 

Aunque parezca surreal, se ha desarrollado un escenario legal en el que millones de jóvenes estudiantes indocumentados se gradúan de instituciones de educación superior y se topan con una disyuntiva aterradora: quedarse en el país y desperdiciar su talento en trabajos mal remunerados para los que están sobrecalificados, limitando a otra generación al ciclo de pobreza, o irse del país a lugares que no conocen y que no consideran su hogar para poder trabajar en su profesión. Pero quizás aún más bizarro es que por más de tres décadas el gobierno no haya podido resolver esta perversa dicotomía federal, donde se les garantiza la educación K-12 a los estudiantes indocumentados por una decisión histórica de la Corte Suprema y luego se les segrega y condena a ser una sub-clase.

Si bien el fenómeno de la inmigración, con todos sus problemas y beneficios, tiene orígenes mucho más remotos en la historia, la formación del especial limbo legal en el que los estudiantes indocumentados se encuentran es relativamente nueva. Para comprenderla, es crucial analizar la decisión de la Corte Suprema en Plyler vs. Doe y sus consecuencias educativas y sociales.

Plyler vs. Doe llegó a la Corte Suprema porque la state legislature de Texas pasó el Alien Children Education (ACE) en 1975, una ley que negaba fondos estatales para la educación de niños indocumentados y que, además, permitía a las escuelas negarles la matricula. Como una corte federal de Texas declaró en 1977 y 1980 que la ley violaba el Equal Protection Clause de la Enmienda 14 de la constitución, el estado de Texas y el superintendente escolar James Plyler apelaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La discusión constitucional se centro en dos puntos clave: si el Equal Protection Clause aplicaba a niños indocumentados y, de ser así, si debían recibir educación pública gratuita.

El Juez William J. Brennan redactó la decisión de la mayoría que, aparte de acordar que no hay evidencia sugiriendo que los immigrantes indocumentados no crean una carga significativa en la economía estatal o pruebas de que excluirlos mejoraría la calidad de la educación, concluyó 5-4 que negarle el acceso a una educación pública gratuita a jovenes indocumentados “impone una vida de dificultades a una clase de niños que no son responsables por su estatus inhabilitador, (y que) el estigma del analfabetismo los marcará para el resto de sus vidas.”

Aquí un resumen con los argumentos del caso y las respuestas de la Corte. Fuente: UC San Diego (PDF)

Argumentos de Texas defendiendo ACE 

Respuesta del Juez Brennan

La “preservación de… recursos limitados para la educación de… ciudadanos legales”

Esta preocupación sola, aunque es importante, “difícilmente puede justificar la clasificación usada en la asignación” de recursos relevantes. Lo que Texas necesita es una justificación por su trato diferencial a los niños en base a su “documentación

Protección de un “influjo de inmigrantes ilegales”

Primero, “no hay evidencia… sugiriendo que las personas que ingresaron ilegalmente impongan alguna carga significativa en la economía estatal.” Los inmigrantes indocumentados pagan más que suficientes en impuestos para compensar por su relativa subutilización de servicios públicos. Así que Texas no necesita protección de los inmigrantes indocumentados. Segundo, el motivo dominante para la inmigración ilegal no es el uso de servicios públicos (como acceso a escuelas públicas), sino la disponibilidad de empleo. Entonces, incluso si Texas necesitara protección contra los inmigrantes indocumentados, ACE sería “ridículamente inefectiva” como medio para frenar el “influjo”.

Niños indocumentados imponen “cargas especiales… en la capacidad del Estado de proveer educación pública de alta calidad”

“Las pruebas no confirman la afirmación que la exclusión de niños indocumentados probablemente mejore la calidad general de la educación en el Estado.”

Hay menos probabilidades de que los niños indocumentados “se queden dentro de las fronteras del Estado, y… poner su educación a ser productiva dentro del Estado

Las probabilidades son virtualmente incuantificables. Así que hay poca o nada de evidencia de que esta afirmación es verdad

Conclusión: Brennan concluyó que el Estado no tiene ningún interés importante con el que ACE tenga una relación sustancial, que ACE no pasa el Intermediate Scrutiny Test, y que por lo tanto ACE viola la Equal Protection Clause de la Enmienda 14


Este caso es considerado como un hito de los derechos civiles en Estados Unidos porque gracias a su decisión se gradúan un aproximado de 65,000 estudiantes indocumentados todos los años. Eso significa, como expone Jennifer Frum en su investigación “Post-secondary Educational Access for Undocumented Students – Opportunities and Constraints” (PDF), que incluso si se da el escenario imposible que las fronteras de los Estados Unidos se cierren herméticamente, los patrones migratorios indican que habrían indocumentados graduándose de las escuelas estadounidenses por los próximos 20 años. Naturalmente, muchos de ellos deciden continuar su educación hasta conseguir maestrías o doctorados porque comprenden el valor de una educación y porque comprenden las posibilidades del sistema educativo que los formó.

Como explica Frum, Plyler vs. Doe es relevante al debate por dos razones: Primero, la Corte dijo que los estados deben demostrar que tienen un interés convincente para limitar el acceso a una educación para un grupo particular, lo que Texas no pudo hacer. Segundo, aunque la Corte dijo que la educación no es un derecho fundamental, indicó que negar la educación hasta la secundaria a los niños indocumentados equivalía a crear una “vida de penurias” y una permanente “subclase” de individuos (haciendo una conexión entre la educación y movilidad social).

Cuando el Juez Warren E. Berger disintió con la decisión de Plyler vs. Doe, dijo que el poder judicial se debía mantener conservador en cuanto a la inmigración ya que era tema de competencia del Congreso. Berger escribió: “Si bien el espectro de una casta permanente de residentes Mexicanos ilegales en los Estados Unidos es efectivamente perturbadora. . . Encuentro difícil de creer que el Congreso toleraría por mucho tiempo semejante resultado auto-destructivo, que no pueda deportar a estas familias de inmigrantes ilegales o proveer una educación para sus hijos.”

Sin embargo, 30 años después de este caso se puede confirmar que nuestro Congreso si falló, tropezando con la intransigencia de sus juegos políticos. Como la necesidad de intentar esclarecer el limbo legal de los estudiantes indocumentados ha sido evidente y el gobierno federal no ha podido brindar soluciones, 12 estados han pasado hasta la fecha leyes especiales que resuelven algunos aspectos del tema — como poder matricularse en instituciones de educación superior pagando como residentes locales – pero que son todavía insuficientes.

Aunque Plyler vs. Doe permitió que millones de personas tengan acceso a una educación sin importar su estatus migratorio, también propició el comienzo de un desbarajuste legal complejo que requiere debate serio en varias áreas sensibles — como derechos civiles, educación, finanzas e inmigración — para poder ser resuelto.

 
 
 
 



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